Desde la toma de posesión, muchos en el gobierno actual han dado indicios claro de que entienden el cumplimiento de la ley como una opción, no como una obligación. Cada vez se hace más evidente que el estándar de muchos funcionarios no es “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”, si no el “hacerlo mejor que la administración anterior”.

Lo primero que hay que aclararles a esto señores, es que los dominicanos y dominicanas acabamos de tener la peor administración de nuestra historia, particularmente desde el punto de vista ético y de apego a la ley. Hacerlo simplemente “mejor” que ésta es un estándar en extremo bajo.

Lo segundo, es hacer explícito que nuestro país enfrenta una crisis moral fuerte. Tal vez la más fuerte de su historia. Crisis que se ha venido forjando desde 1966, pero que desde 1996 con formulas deliberadas, tomó un alcance insospechado y hoy abarca prácticamente la totalidad de la Sociedad dominicana. Esta crisis nos ha llevado a la pendiente más oscura de la que se tenga memoria. Nunca como ahora hemos visto a la república tan amenazada, no en su soberanía política si no en su esencia. Hoy, viven en total normalidad con nosotros capos de la droga buscados internacionalmente y mafiosos de todas las latitudes; viven con los ricos, viven con los pobres.

Hoy, se acepta como bueno que estudiar es el medio para obtener un papel. Hoy, aquí, una niña embarazada tiene precio y no tiene quien la acoja. Hoy, se va a la escuela a comer y no a aprender a pensar. Hoy un joven sueña con “dar un palo” o con irse, pero no con trabajar por treinta o cuarenta años en pro de sí, su familia y su patria. La normalidad de esta realidad es la crisis que nos arropa.

Contra esta realidad, marchamos de amarillo, de verde y de negro. Contra esta realidad, se eligió un gobierno del cambio. Sin embargo, cada día es más claro que parte de ese mismo gobierno entiende que ahora les corresponde a ellos secuestrar el poder para beneficiarse política y económicamente. Entiende que es válido cobrar el botín de los “vencedores”, ignorando que aquí no hay ni vencidos, ni vencedores – hay ciudadanos con la suerte irremediablemente unida.

Frente a esta realidad, es inminente que el gobierno, particularmente el presidente, haga esfuerzos verdaderamente colosales para encauzar la sociedad, como un todo, al apego a la ley como forma de vida. De no hacerlo, Luis Abinader, y sus buenas intenciones, sólo podrán poner otro clavo en el ataúd de nuestra república. Con cada excusa que se acepta frente al incumplimiento de la ley, nos acercamos más, de manera inevitable y rápida, al choque social violento que hemos evadido desde 1965.

Y repito, el presidente debe ser el primero que se apegue a la ley de forma estricta, radical y que no entienda explicaciones; que no consienta situaciones a la “Arnaud” para cumplir con la forma y obviar el fondo; que despida a cualquier ministro que viole la ley; máxime si lo hace de forma pública.

Un liderazgo que se exprese es un comportamiento del presidente con apego total a la ley sería el único valladar para todas las excusa de todos los ciudadanos. Este comportamiento es lo único que garantizaría una justicia independiente, proactiva, pero sobretodo apegada de manera celosa a la ley.

Que un ministro, y el más cercano al presidente, se dé el tupé de, a días de iniciado el gobierno, violar un acuerdo con la sociedad manda un pésimo mensaje. Que el presidente lo consienta manda uno peor. Y esto así porque este comportamiento no sólo cuestiona todo el discurso que llevó al gobierno actual al Palacio Nacional, si no que manda el mensaje claro “yo estoy por encima de la ley”.

El mensaje claro de que la ley aplica sólo aquellos sin poder político, sin poder económico, sin poder social, tantos “sin” se convierten rápido en un larguísimo etcétera que acaba excusando a toda la sociedad de cumplir con el más mínimo acuerdo que garantice la convivencia pacífica. Y así se desmorona el acuerdo social y se destruye el tejido social. Es exactamente este mensaje, recibido en los últimos 24 años, el que nos ha ido convirtiendo en la sociedad que cada día somos más: Una sociedad divida, excluyente, poco formada, donde el derecho de uno significa poco o nada para el otro, secuestrada por el crimen organizada e incapaz del más mínimo beneficio en pro del bien común.

Lo que puede parecer una nimiedad: que un ministro nombre a sus subalternos, que un “profesional bueno” tenga la oportunidad de servir a su país, que se corten unos bambúes de un parque, se convierte en veneno para la democracia.

Un colofón necesario: Esta misma práctica es la responsable de que nuestras leyes muchas veces no tengan sentido, que incluyan exigencias inalcanzables y que los legisladores se den el lujo de no acatarlas o defenderlas. La combinación de una legislación inaplicable con un pueblo que rechaza cualquier norma de forma compulsiva es el camino más corto al caos social.

VIA EL DINERO.