La semana pasada sugerimos aquí que utilicemos la reforma fiscal para reducir los privilegios que ostentan aquellos que nos gobiernan y que encarecen tanto el Estado dominicano. Al escribir esas palabras no hubiera podido soñar que simultáneamente iban ellos a buscar exactamente lo opuesto: Aumentar sus privilegios y reducir nuestros derechos. Pero aquí estamos.

La semana pasada, el Senado de la República envió a la Cámara de Diputados un proyecto de Código Penal “aprobado”, sin haber sido leído, mucho menos consensuado con la población y que, de ser promulgado como está, esconde un grave atraso para todos los dominicanos.

Hay cuatro puntos sobre los que queremos llamar la atención:

1) La prescripción de los delitos de corrupción en contra del Estado;
2) La creación de tribunales militares y policiales para administrar la justicia penal en esos cuerpos;
3) Las penas diferenciadas para el asesinato en caso de que estos sean cometidos por militares y policías;
4) La exención de responsabilidad penal del Estado dominicano, los ayuntamientos, los distritos municipales y las iglesias y, aunque no incluidos expresamente, queda la puerta abierta para que los partidos políticos sean también agregados en esta lista.

Dadas las experiencias de nuestros gobiernos con el erario, es muy difícil entender cómo se propone la prescripción de crímenes contra el Estado. Crímenes que debieran ser imprescriptibles por su naturaleza. Nuestra Procuraduría está haciendo pininos en la lucha contra la corrupción administrativa. Aprobar esta prescripción mataría cualquier posibilidad de que esos pininos se conviertan en un andar fuerte que asegure que los impuestos de los dominicanos sean utilizados para la promoción económica y social de las poblaciones nacionales y no la de los políticos de turno. Aprobar este proyecto mataría cualquier avance en este sentido y sería una clara contradicción con la política anticorrupción que el actual gobierno ha tratado de impulsar.

Al parecer, en verdad, nuestros senadores no discutieron el proyecto de código, pues los puntos 2 y 3 anteriores erosionarían la justicia criminal nacional de tal forma que el crimen a manos de la policía se haría prácticamente legal. Algo que no hemos visto ni en la dictadura trujillista. ¿Qué se busca que todos los sicarios sean policías o militares o sólo protegidos por estos cuerpos? Alguien que no conozca de qué ha sido capaz en su historia la Policía Nacional, podría pensar que, dado el nivel de criminalidad entre nosotros, esta propuesta sería “buena”. Yo le recomendaría que piense antes de hablar. Ojalá que no sea su hijo el que sea sometido a “ley de fuga” por nuestros cuerpos policiales. Sin embargo, no es de esto que hablo, si bien como sociedad de derecho no deberíamos consentir – mucho menos premiar con una sentencia inferior – que la policía mate a alguien, aún se presuma delincuente.

El problema que queremos plantear es que los dominicanos jóvenes de bajo ingreso, como clase y por cosas sobre las que ellos no tienen ningún control (haber nacido hombres y haber nacido pobres), legalmente tendrían su derecho a la vida y a la integridad física en mucho mayor riesgo que el resto de la población, lo cual de hecho los convierte en ciudadanos de tercera categoría.

Una legislación que de forma implícita autoriza a la policía a disparar y luego preguntar, hace la promoción social y económica construida desde el estudio y el trabajo algo mucho más difícil, prácticamente imposible, condenando a los jóvenes de bajo ingreso por demás a una vida corta y de criminalidad. Esto es cierto para muchos jóvenes varones hoy en nuestro país. La diferencia es que a partir que este proyecto sea aprobado, cobraría visos de legalidad y en términos prácticos se traduciría en excluir legalmente a los dominicanos jóvenes de bajo ingreso de medios legítimos de promoción económica y por ende de cumplir su rol como motor productivo de nuestra sociedad.

Seguimos. Si pensamos en el nuncio Wesołowski o el pastor Castillo Ortega se hace difícil entender cómo se propone el cuarto punto. Si las iglesias, o el Estado, son eximidas de responsabilidad penal, las víctimas tendrían que conformarse con atacar a las personas. Y, si, como ha sido el caso lamentable entre nosotros, la persona sale de la jurisdicción, sería imposible para la víctima defenderse. Peor aún, si el actuar negligente del Estado o de las iglesias – un ministro que autoriza un acto o un obispo que mueve a un cura culpable – exacerba el daño, sería de nuevo imposible para la víctima defenderse y estarían las autoridades eclesiásticas y públicas por encima de los demás ciudadanos, serían pues ciudadanos de primera.

Como describimos anteriormente, si este proyecto fuese aprobado, de facto, y de cara a la ley penal, militares, curas, pastores y políticos serían ciudadanos de primera y los hombres jóvenes de bajo ingreso, de tercera (para no hablar de los migrantes, las mujeres, o el colectivo LGBTQIA+). De hecho, dejamos de ser (o aspirar a ser) una democracia y empezamos a caminar hacia una oligarquía. Esto, que en sí mismo es un precedente altamente peligroso, si consideramos la historia de nuestro país o los niveles de corrupción tradicionalmente exhibidos por los grupos políticos nacionales, crea además (más) incentivos perversos para que la ciudadanía en vez de querer trabajar y pagar impuestos quiera vivir de la política, la milicia/policía o la religión y vivir de los impuestos que otros, cada vez menos, pagan.

Si revisamos nuestra estructura fiscal – altamente apoyada en el consumo de la población (con el ITBIS, los impuestos a la comunicación y a los hidrocarburos, al intercambio de dinero, el pago de dividendos y al patrimonio inmobiliario) – y las partidas presupuestarias asignadas a políticos, militares e iglesias, de crecimiento sostenido, tendremos que concluir, de nuevo, que nuestra legalidad explica e incentiva que la población no quiera trabajar y pagar impuestos, si no que prefiera ser religiosa, militar o política y vivir de ellos.

¿Y en este estado de cosas se pretende abrir un diálogo nacional en torno al costo del Estado y cómo y quién debe pagarlo?

Independientemente de la respuesta a esta última pregunta, concluyo diciendo que tanto la diferencia ante la ley, como la diferencia en la carga del peso del Estado, nos conducen a un camino peligroso: Un Estado caro y pesado donde la ciudadanía no quiere producir y contribuir, sino ser parte de los grupos privilegiados y vivir de lo público. La Segunda Guerra Mundial enseñó a los pueblos de Europa que las sociedades con grupos privilegiados son insostenibles desde el punto de vista de la paz social. Ejemplos más cercanos como Cuba, Venezuela o Haití pueden también ser usados. Esperemos que la lección que el mundo aprendió hace casi 100 años no se nos olvide, pues como acuñó Santayana «Los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo».

Esperemos que las actuales autoridades detengan este proyecto de Código Penal y que, poniendo a un lado creencias e ideologías, se consensue con la nación un instrumento jurídico que iguale a los dominicanos frente a la ley y no que cree más exclusión. Si esto no es posible, y se aprueba este proyecto, personalmente, espero que el Presidente vuelva a ponerse del lado correcto de la historia y se niegue a promulgarlo. Esperamos que nuestros gobernantes utilicen el momento presente no para agudizar diferencias que nos enclavan en el subdesarrollo, sino para propulsarnos al siglo XXI.